Las afectaciones por la quema de soca en la región de El Carrizo superan ampliamente las cifras oficiales, aseguró Epifanio Machado Coronel, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal.
El representante agrícola señaló que, aunque las autoridades reportaron daños en alrededor de 500 hectáreas, estimaciones propias de la dependencia revelan que la superficie dañada asciende al menos a 800 hectáreas.
Indicó que uno de los principales obstáculos para sancionar a los responsables es que la ley exige sorprenderlos en flagrancia, lo cual resulta sumamente difícil.
“Es imposible que la policía vigile todo el valle, y se requiere que haya flagrancia, que lo agarren ahí, pero el que quema con intención nunca lo van a agarrar, porque nomás prende el cerillo y se va”, señaló.
Machado Coronel consideró que también es necesario revisar el monto de las sanciones, para que sean realmente aplicables y dolorosas para los infractores.
“Se debe cobrar una multa que el productor pueda pagar, pero que le duela, porque si no, nunca se va a frenar esta mala práctica”, advirtió.
